viernes, 12 de marzo de 2010

MATRIMONIOS GAY

FAMILIAS DIVERSAS
por:

María Dolores Chávez

La intolerancia social tiene muchas formas de manifestarse, una de las más recurrentes que se ha hecho patente en nuestro país es la discriminación, la agresión desde las instituciones, el acoso y la represión del Estado contra los grupos vulnerables, como el de los matrimonios entre parejas homoparentales. No olvidemos pues que la tarea del Estado es el favorecer la convivencia armónica de todas las diversas expresiones que se dan al interior de la sociedad, y la de respetar las distintas convicciones que se dan en la misma.

Tenemos un tema candente y controversial que desde el 21 de diciembre del 2009 con la aprobación de los matrimonios de personas del mismo sexo aprobado por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), primera en América Latina en esta progresista y democrática decisión, ha generado una ebullición tal, que la ultraderecha y los líderes religiosos no terminan de digerir, porque aquí, de lo que se trata, es de que reconozcan los derechos en igualdad de circunstancias a todos los grupos vulnerables y, en este caso, a este sector de la población ya que tenemos los mismos derechos, somos ciudadanos de primera, pagamos impuestos, así como yo, como tú y como todos los que habitamos esta hermosa nación mexicana.

Siendo el matrimonio la unión libre entre dos personas como ya lo describe el reformado artículo 146 del Código Civil y de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, nos toca a toda la comunidad LGBTTTI del país luchar para que se logre avanzar y que se nos reconozcan nuestros derechos civiles como cualquier otro ciudadano.

El recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la Procuraduría General de la República (PGR) atenta contra las libertades individuales de las personas, limita sus derechos y disminuye los ya reconocidos. Es discriminatorio y regresivo de los derechos humanos.

Todos los que formamos parte de esta gran familia de la diversidad sexual estamos atentos a todo lo que está ocurriendo en el Distrito Federal y las distintas reacciones que ha generado la aprobación de los matrimonios gay en nuestro país y el mundo.

La International Lesbian Gay Asociation from Latinoamerica and Caribe (ILGALAC) no se hizo esperar durante la 5ª. Conferencia Regional celebrada en la población de Curitba, Brasil los pasados días 26 al 30 del mes de enero del presente año, pronunciándose en contra de la inconstitucionalidad del matrimonio homosexual y la adopción, interpuesta por la PGR de este país.

Por su parte, la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Olga Sánchez Cordero estudia las sentencias que dieron ya los tribunales supremos de Alemania, España y Colombia sobre las uniones legales entre homosexuales.
Una de las respuestas de los estados que presumiblemente son conservadores o afines a la derecha como son Tlaxcala, Guanajuato, Morelos, Jalisco, Baja California, Sonora, interpusieron un juicio de demanda de controversia constitucional para “evitar que en sus estados se hiciera efectiva la aprobación de los matrimonios “gay”.

El ministro de la SCJN, Sergio Valls Hernández, tras analizar el documento presentado por estos estados declaró como improcedentes las controversias constitucionales elaboradas por los anteriores gobiernos.

Por su parte el diputado capitalino David Razú manifestó que no se puede jugar con las instituciones ya que una cosa es manifestar que se está en desacuerdo y la otra es utilizar a una institución para causar mayor “ruido”, además de dividir y polarizar a la sociedad. En torno al tema de la adopción por parejas homoparentales, el mismo diputado manifestó que los hijos adoptados se desarrollarán mejor en una familia existente, sin importar su creencia religiosa u orientación sexual. Aquí lo importante es que el vínculo amoroso que emana de la familia, es el que hará que el hijo crezca sano y seguro.

Que quede claro nuestro reconocimiento a la labor de la Diputada Enoé Uranga, por impulsar esta iniciativa y que todavía sigue trabajando para que la seguridad social sea evidente y efectiva.

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